Este Colegio profesional se une al Consejo General para denunciar el cierre unilateral que hoy se ha producido de numerosos centros dentales Vivanta en el País, con la consiguiente alarma de los afectados y el daño directo que este tipo de acciones criminales tienen sobre el prestigio de una profesión, cuyos integrantes de manera honesta y con grandes dificultades económicas, hacen frente diariamente a las exigencias de una sociedad que hoy se siente indignada por este tipo de acciones delictivas.
La gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI: 20,4 millones mediante un préstamo participativo y 19,6 millones mediante un préstamo ordinario. El propio Consejo General ya reclamó públicamente conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo y, posteriormente, las razones de la ampliación de su calendario de devolución.
No en vano, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una “empresa estratégica” para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, pero estos criterios y documentos siguen sin ver la luz.
El rescate de la línea aérea Plus Ultra y el de las clínicas Vivanta es una clara expresión de la falta de respeto, ética y compromiso social que evidencian nuestros actuales gobernantes, a los cuales parece no importarles las consecuencias sanitarias de sus decisiones.