La pasada semana el Gobierno anunciaba un plan de salud bucodental que desde ICOEC consideramos grotesco e insuficiente al estar dotado con 45 millones de euros (un euro por habitante). Esto quizá se deba a un intento de disimular la concesión de un bochornoso rescate público a una empresa coparticipada por un fondo buitre. Mientras, los profesionales autónomos de este país tienen que hacer innumerables esfuerzos para llegar a fin de mes, defendiendo con toda honestidad la viabilidad de sus centros de Odontología.
El Consejo de Ministros aprobaba este lunes el rescate público de Vivanta, compañía especializada en odontología y fundada por el capital de riesgo Portobello Capital, recurriendo al Fondo de Solvencia Empresarial que se puso en marcha con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-19 con el objetivo de sacar a flote a la empresa española que cuenta con una red de más de 200 clínicas repartidas por el territorio nacional.
La cadena de clínicas odontológicas ya había solicitado en diciembre de 2021 un préstamo valorado en 40 millones de euros a través del mecanismo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se materializaba, prácticamente, a partes iguales entre un crédito participativo y otro de carácter ordinario. Seis meses después, el Gobierno ha dado luz verde a la petición.
Según fuentes cercanas, el caso Vivanta se ha tratado de una simple operación financiera y especulativa que utiliza como moneda de cambio los negocios de los franquiciados, tal como puede leerse en la solicitud de nulidad de contrato de franquicia y de reclamación de daños y perjuicios.
Bajo Vivanta se aglomeraron varias franquicias ya existentes que en total sumaban 275 clínicas: Unidental, Láser 2000, Grupo Clínico Dental Dr. Senís, Plénido y Avadent.
El fondo de inversión que respalda Vivanta, la española Portobello Capital, es acusado de estafa, administración desleal y falsedad. Una acusación que perjudica la imagen del fondo francés BNP Paribas al ser partícipe en la gestión del patrimonio de Portobello y Vivanta en un 2,5% y en un 8% respectivamente. Un impacto negativo afecta, al mismo tiempo, a los bancos españoles CaixaBank, BBVA, Bankia o el fondo de pensiones de Gas Natural debido a sus inversiones en Portobello.